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AUDITARÁN TRIBUNALES Y JUZGADOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA Y FUNCIONAMIENTO

El Consejo de la Magistratura a través de la Sala de Control y Fiscalización, ingresará a tribunales y juzgados del país, con la finalidad de realizar auditorías jurídicas de carácter integral, que implica la revisión exhaustiva de expedientes, la organización y funcionamiento del juzgado; el propósito es verificar el cumplimiento de la normativa en la resolución de causas y aspectos inherentes a las condiciones de trabajo de los jueces como la dotación de recursos humanos, herramientas tecnológicas y otros aspectos que permitirán identificar fortalezas y debilidades, para mejorar la gestión judicial e impartición de justicia, informó la Consejera Wilma Mamani Cruz.

La autoridad señaló que se emitieron instructivos en los distritos del país, ordenando la ejecución de auditorías jurídicas a tribunales y juzgados en materia civil, penal, familia, trabajo y seguridad social, el mismo arrancará esta semana y concluirá hasta el 15 de diciembre, cumpliéndose lo programado para la presente gestión.

Puntualizó que los auditores jurídicos del Consejo de la Magistratura, examinarán exhaustivamente y de manera integral el funcionamiento de los juzgados, verificando a detalle aspectos que hacen al desempeño del juez desde su asistencia hasta la resolución de causas, así como la organización del juzgado o tribunal.

Dentro de los parámetros establecidos se tiene la revisión de expedientes, donde se  verificará el cumplimiento de procedimientos, los plazos procesales y el cumplimiento de las audiencias programadas; también se revisarán libros de acuerdo a cada materia.  Asimismo, se determinó verificar si los jueces públicos, están efectuando la extinción de procesos por inactividad conforme al art. 247 del Código Procesal Civil.

Por otra parte, se observará sobre las condiciones de trabajo en cada juzgado, si cuentan con los recursos necesarios para cumplir sus funciones, es decir la dotación de personal, infraestructura, herramientas tecnológicas y otros aspectos que permitirán realizar recomendaciones directas para mejorar la gestión judicial e impartición de justicia, pero también es posible establecer responsabilidades de verificarse presuntas faltas respecto a su desempeño.

La autoridad recordó que conforme al reglamento, la finalidad de la auditoria jurídica es de carácter institucional, siendo un instrumento para mejorar la impartición de justicia, a partir del análisis sobre las fortalezas y debilidades que permiten establecer acciones inmediatas y mejorar la gestión judicial; de ninguna manera las auditorias jurídicas revierten resoluciones judiciales.   

 

Sucre, 15 de noviembre de 2016

 

 

 

 

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